Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Carabinieri de Italia y la Policía de Rumanía, y en la que ha participado EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada, supuestamente, al tráfico de “sustancias medicamentosas”, como las ha calificado la propia Policía, que enmascaraban como productos nutricionales.
Ocho personas han sido detenidas en las provincias de Málaga (6) y Barcelona (2) y han llevado a cabo 12 registros –Málaga (4), Barcelona (3) e Italia (5)- donde han intervenido un total de 117.623 comprimidos. Los agentes han bloqueado cuatro páginas webs y 21 cuentas bancarias asociadas a los investigados, bloqueando 3,5 millones de euros. Les imputan delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, contrabando, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
Las investigaciones comenzaron cuando la Policía Nacional recibió una información, procedente de EUROPOL, donde los Carabinieri comunicaban la intervención de 2.123 paquetes de un producto que había dado positivo en la sustancia química sildenafilo -principio activo de los medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil- sin que hubiera sido declarada entre sus componentes. Además alertaba de que el producto procedía de dos empresas distribuidoras inglesas, una de las cuales tenía una delegación española en la provincia de Málaga.
Con estos datos, los agentes llevaron a cabo las primeras gestiones de investigación sobre las dos sociedades y observaron que ambas estaban administradas por ciudadanos españoles que, a su vez, administraban otras sociedades, todas ellas relacionadas entre sí, en un complejo entramado empresarial que tenía como objetivo camuflar la actividad delictiva desarrollada.
Las pesquisas permitieron averiguar que combinaban la distribución de sustancias medicamentosas prohibidas con otros productos que son legales, como complementos alimenticios o maquillajes, entre otros. En el análisis realizado detectaron sustancias no declaradas en el etiquetado del producto, concretamente sildenafilo y tadalafilo, ambas prescritas para el tratamiento de la disfunción eréctil. Indicaba, además, que el producto en cuestión supone un riesgo para aquellos individuos susceptibles de padecer reacciones adversas con el consumo de inhibidores de la PDE-5.
El primero de los informes emitidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene fecha del año 2015. Los controles llevados a cabo durante 2020 y 2021 sobre los productos distribuidos por los investigados confirmaron las hipótesis mantenidas, por lo que se procedió a judicializar la investigación.
La primera fase consistía en la adquisición. El investigado, que residía en Miami, era el encargado de mantener el contacto con los proveedores asiáticos, que remitirían las pastillas a través de empresas de transporte hasta los almacenes que la organización criminal tenía en la provincia de Málaga. La segunda fase era la recepción, que consistía en que otro de los líderes del grupo se encargaba de las tareas logísticas para la recepción de los productos y su almacenaje en los almacenes y trasteros de Málaga.
Manipulación
De ahí, pasaban a la manipulación. Una vez en su poder, las píldoras eran introducidas en cajas de los productos que habían registrado como complementos nutricionales cien por cien naturales. Cuando, y tras alguna actuación de las autoridades sanitarias, se prohibía la venta de alguno de estos productos, creaban otro con un nombre y logotipo nuevo, pero con el mismo contenido. La última fase era la de la distribución, donde los productos eran enviados a algunas empresas de transporte junto con el listado de los clientes a los que tenían que remitirlo, que pagaban contra reembolso o mediante transferencia bancaria. Del mismo modo, los productos prohibidos también eran remitidos a plataformas logísticas tanto en España como en otros países europeos, que procedían a su distribución a los consumidores finales.
Esta actividad criminal le reportaba a la organización criminal unos ingentes beneficios, por lo que se está desarrollando una investigación patrimonial, sin descartar la imputación del delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública proveniente del delito investigado. Por ello, en la fase de explotación operativa se ha procedido a la intervención de 21 cuentas bancarias asociadas a los investigados, quedando bloqueado un total de 3,5 millones de euros.
Esta actividad ilegal resulta muy peligrosa para los consumidores por los posibles efectos adversos. Uno de los productos distribuidos tenía una reseña del pasado mes de noviembre del 2020 que indicaba que un cliente denunció haber sufrido un derrame cerebral motivado por la ingesta del mismo.
