Tras utilizar el paseo marítimo para confrontar con el Gobierno central de cara a las elecciones locales del pasado 28 de mayo, ahora toca hacer otro tanto con la vista puesta en la cita electoral del 23 de julio.
La alcaldesa de Marbella en funciones, Ángeles Muñoz, ha vuelto a recurrir este lunes al paseo marítimo –una obra en situación de ilegalidad desde hace 30 años y que el Ayuntamiento se niega a regularizar- para confrontar contra el Gobierno central tras la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio.
La regidora ha anunciado que el Consistorio no eliminará una escollera de apenas 25 metros cuadrados de superficie ubicada en el tramo de paseo marítimo de la playa de Casablanca, como le reclama Demarcación de Costas, que depende del Gobierno central.
El ente que depende de la Administración central ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento para que, de manera voluntaria, en el plazo de 30 días elimine una escollera que el Consistorio ejecutó a pesar de que carece de competencias para actuar en Dominio Público Marítimo Terrestre. Costas ha advertido al Ayuntamiento que, de no eliminar la infraestructura, lo hará de forma subsidiaria el Gobierno central.
“El Ayuntamiento va a solicitar un informe técnico a Obras para trasladárselo a Costas, pero en ningún momento vamos a eliminar este elemento que impide que el Paseo Marítimo se venga abajo con el consiguiente peligro para la seguridad de la zona”, ha señalado Muñoz.
La alcaldesa en funciones ha acusado al Gobierno central de ser “desleal y temerario” con Marbella. “Refleja siempre un rechazo constante a Marbella en lugar de defender los intereses de la ciudad y demostrar que le importa el municipio”, ha agregado Muñoz. Se da la circunstancia de que el Gobierno central tramita el proyecto para instalar los espigones en Marbella y San Pedro que el presidente Mariano Rajoy no acometió en siete años de gobierno.
La escollera fue resultado de unas obras de emergencia en la primavera de 2022 tras unos temporales que sufrió la ciudad. El Ayuntamiento no tramitó de forma debida la petición para construir el rompeolas, lo que hizo que Costas abriera un expediente sancionador al Consistorio. Según la regidora, el ente del Gobierno central impuso al Ayuntamiento una sanción de 4.000 euros, aunque finalmente la multa se quedó en 1.300 euros que abonó la empresa que realizó la intervención
