La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha esgrimido este miércoles una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en la que, según ella, se condena al Gobierno central por denegar al Ayuntamiento en 2019 una subvención de unos 200.000 euros para actuaciones en materia de transportes.
La regidora, que ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero, ha asegurado que el fallo judicial, contra el que cabe recurso de casación y que el equipo de Gobierno no ha facilitado, recoge que el Consistorio se encuentra al corriente de pago en sus obligaciones tributarias.
Muñoz ha explicado que el Ayuntamiento pidió una subvención en 2019 por importe de 200.000 euros en materia de Transportes, pero el Estado se la denegó alegando, según ella, que el Ayuntamiento que no estábamos al día en el pago de las cuotas tributarias.
El Consistorio, ha agregado, interpuso una denuncia que ha dado como resultado una sentencia en la que el TSJA de Madrid señala, según ella, que el Estado actuó “sin tener en cuenta criterios objetivos, como es el hecho de que esta ciudad mantiene su fraccionamiento vigente y está al día de los pagos con Seguridad Social y Hacienda”.
La Sala traslada así al Gobierno central que “dé marcha atrás” y le conceda la ayuda, según Muñoz, que ha señalado que el Ayuntamiento solicitará también las mismas ayudas de 2020 y 2021, asimismo denegadas.
“Vamos a pedir al Estado el millón de euros que hemos dejado de recibir entre las tres, y que en el caso del pasado año ascendía a 600.000 euros al incrementarse los kilómetros de ruta, el número de viajeros y para mejorar la flota”, ha afirmado Muñoz, quien ha especificado que aportarán la sentencia a los otros procedimientos judiciales.
La alcaldesa ha resaltado que la “gran inversión” que, según ella, ha realizado el Ayuntamiento para mejorar el transporte urbano, con más de seis millones euros de fondos propios para lograr un servicio público “de calidad”.
Ha agregado que se ha ampliado la cobertura del servicio, se han creado nuevas líneas y se ha realizado renovación de la flota de autobuses y se han alcanzado los 4,3 millones de viajeros. “El Gobierno central nos dejó fuera de la subvención con un planeamiento falso y a conciencia, sabiendo que existía una medida cautelar. Espero que ponga fin a su obsesión con Marbella”, ha indicado Muñoz.
Fraccionamiento de la deuda
Muñoz ha indicado que una semana después de su toma de posesión como regidora tras una moción de censura impulsada por PP y OSP a mediados de 2017, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso “toda la maquinaria del Estado, que debería estar al servicio de los ciudadanos, para hacer caja con la ciudad de Marbella”.
Según la alcaldesa, Sánchez “decidió romper de forma unilateral y absolutamente injustificada el fraccionamiento del pago de la deuda heredada del GIL con Seguridad Social y Hacienda, que este Ayuntamiento logró con el anterior Ejecutivo central, ya que su intención era quedarse con ese dinero en lugar de que regresase al municipio”.
Muñoz, que ha indicado que el Ayuntamiento ha conseguido ingresar 37 millones de euros en efectivo procedentes de sentencias judiciales firmes por casos de corrupción, ha recordado que “a partir de ese momento, el Ministerio de Hacienda emite un certificado negativo en el que dice que el Ayuntamiento es deudor, por lo que evitan que la ciudad de Marbella pueda optar a subvenciones estatales”.
“Pese a que la Audiencia Nacional le dio la razón al Consistorio con una medida cautelar que lo avala diciendo que ese fraccionamiento no se podía anular de forma unilateral, y posteriormente con una sentencia donde dice que está concedido por ley, el Gobierno central sigue actuando de forma injusta y arbitraria”, ha explicado.
Para la regidora, los tribunales dan de nuevo la razón al Ayuntamiento frente al “acoso y derribo” del Gobierno central socialista “en su intento de hacer caja con los vecinos de Marbella y asfixiar económicamente a nuestra ciudad” tras la sentencia del TSJ de Madrid y el hecho de que la Audiencia Nacional resolviera a favor del Consistorio ante la suspensión “unilateral e injustificada” del PSOE del fraccionamiento del pago de la deuda heredada.
