El Pleno ordinario celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad de los grupos instar al Gobierno central a que incorpore una modificación legislativa a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente en negociación, que permita el retorno a Marbella de las multas y decomisos de procedimientos por corrupción con sentencia firme del ‘Caso Malaya’ y de otras causas judiciales, como Saqueo I y II, para impulsar actuaciones de interés público. La cuantía supera en la actualidad los siete millones de euros.
La Corporación ha pedido que las cuentas generales del próximo ejercicio incorporen la misma disposición incluida en los presupuestos de 2016 y 2018 para que este tipo de cuantías revirtiesen en equipamientos para el municipio.
“Hemos tenido la oportunidad de disponer de 3,1 millones de euros adicionales en concepto de multas y procedentes de los diferentes condenados en los procedimientos judiciales”, ha dicho la regidora, Ángeles Muñoz.
El PSOE ha recordado que el Gobierno central cambió los términos de disposiciones anteriores después de que la alcaldesa aceptara un cheque por importe de 12 millones de euros antes de que entraran en vigor los presupuestos generales del Estado.
“Fue error por parte de la regidora, que quería hacerse una fotografía con el cheque. Eso provocó un pleito que seguimos arrastrando y que ha dado lugar a modificaciones en el acuerdo”
OSP ha propuesto hacer institucional la propuesta para blindar la petición más allá del partido político que gobierno en la Administración central. “El objetivo es tratar de paliar un poco el enorme expolio que sufrimos durante tantos años esté quien esté en el Gobierno central. Tenemos que demostrar al Estado que todo el pleno al completo quiere está posibilidad”, ha señalado el concejal Manuel Osorio.
