El portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Félix Romero, ha informado este lunes de que el Consistorio ha conseguido una sentencia judicial favorable que evita, en primera instancia, el desembolso de 44 millones de euros en el marco de un proceso urbanístico que fue aprobado por un Gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el exalcalde Jesús Gil.
La resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga supone «una noticia relevante» para la ciudad y establece un criterio «que esperamos que mantengan los tribunales para continuar haciendo frente a la pesada losa de esa época».
El edil ha recordado que este «hito judicial» llega después de que el Tribunal Supremo cambiara el criterio de prescripción ante los incumplimientos en este tipo de acuerdo urbanístico, pasando de los cinco a los 15 años.
«Esto provocó que comenzarán a dictarse sentencias firmes a favor de los demandantes y nos obligó a acudir al Fondo de Ordenación Estatal para el abono de hasta 43 millones de euros», ha relatado Romero.
Así, ha detallado que la última sentencia «nos da la razón porque hubo muchas empresas que llegaron a acuerdos con los gobiernos del GIL y después cedían sus derechos a terceros y, ante esta situación, nuestra asesoría jurídica ha hecho valer que no se nos puede reclamar que cumplamos con alguien que ha accedido a una relación contractual sobre derechos públicos en los que no han sido autorizados, ni además eran conocidos por nuestra administración».
Por otro lado, el Ejecutivo local ha aprobado en la junta de gobierno hasta seis licencias urbanísticas, por una cuantía de seis millones de euros, entre las que destaca una para la construcción de un proyecto básico de club de pádel por parte de Los Naranjos Golf SA, con una inversión prevista de 3 millones de euros.
«Nuevamente el sector empresarial turístico demuestra su confianza en nuestra ciudad y esta iniciativa es una buena prueba de ello», ha resaltado el concejal, quien también ha precisado que se ha vuelto a remitir una carta a la ministra para la Transición Ecológica el Reto Demográfico, Teresa Ribera, «para que conozca de primera mano la realidad y el estado de nuestro litoral».
En este sentido, ha recordado que «el Gobierno central sigue sin tramitar los proyectos de estabilización de las playas» y ha lamentado que «vincule esas actuaciones a la demolición de parte del Paseo Marítimo».
