El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha anulado el intento más reciente de consolidar el deslinde de terrenos entre Marbella y Benahavís, en la Finca El Colorado, concretamente la parte que atañe a esta zona en la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, del 86 a la ley de suelo andaluz, LOUA, aprobada en Pleno en julio de 2018.
El movimiento “Ni un metro de Marbella para otra población”, que lleva más de una década luchando contra la pretensión del Gobierno municipal de Ángeles Muñoz, de segregar parte del territorio de Marbella y dejarlo en manos de Benahavís, ha hecho público el contenido de la sentencia, dictada el pasado 8 de abril y que, según recalca el colectivo, pone fin a aquel último intento de 2018 y, por ende, a todos los anteriores.
La resolución judicial estima el recurso presentado por representantes del colectivo contra aquel acuerdo plenario, que queda, pues, anulado y “en su consecuencia se anula la determinación del mismo contenida por la que se fija el límite del término municipal con el vecino municipio de Benahavís en la parte que entre en contradicción con la Orden del Consejero de Presidencia y Administración Local de fecha 22 de octubre de 2018, y se declara la nulidad de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que contravengan la línea delimitadora de los términos municipales de Marbella y Benahavís fijada en la Orden del Consejero de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía de fecha 22 de octubre de 2018, con expresa imposición de las costas procesales a cargo de la Administración demandada hasta el límite de 2.000 euros en concepto de honorarios de letrado”.
En representación de “Ni un metro de Marbella para otra población”, la abogada Cristina Falkenberg ha explicado que la sentencia anula “ la adaptación del PGOU a la LOUA tanto en la fijación de cualquier linde que se aparte de la oficial como la nulidad de cualquier determinación urbanística que se realice sobre suelo de un municipio que no sea el municipio propio”.
Además, Falkenberg subraya que la resolución judicial tiene especial importancia porque “mientras las demás eran francamente someras ésta repasa a fondo todo el historial de las desviaciones en el planeamiento en las lindes entre Marbella y Benahavís”.
El colectivo, cabe recordar, insiste en que si los terrenos pertenecen a Benahavís, el planeamiento de ese municipio los tiene por urbanizables, mientras que si son de Marbella, no lo serían, con las consecuencias económicas que ello conllevaría para sus propietarios.
El fallo llega cuando Marbella afronta la elaboración de un nuevo PGOU, que tendría que dejar zanjado este asunto controvertido, que afecta a terrenos donde la alcaldesa, Ángeles Muñoz y su entorno familiar, tienen intereses inmobiliarios. ¿Qué ocurre, entonces, ahora? Pues la arquitecta Carola Herrero, miembro también del colectivo, asegura que el equipo redactor del nuevo documento debe asumir los principios apuntados en la sentencia, en cuanto a que “no vale todo el planeamiento ejercido por el municipio de Benahavís en territorio de Marbella y se anula todo lo planificado en esa zona. Entonces el Plan General de Marbella tiene que afrontar el problema de una urbanización en suelo rústico, no urbanizable, desarrollado en Marbella con un plan de Benahavís, que no tiene validez”.
