El equipo de Gobierno ha aprobado en solitario este viernes la modificación presupuestaria para pagar 4,4 millones de euros en sentencias judiciales relacionadas con contrataciones de trabajadores.
PSOE, OSP y Ciudadanos se han abstenido en una medida que supondrá abonar fallos judiciales con partidas que estaban previstas para áreas sensibles en la recuperación de la crisis contra el coronavirus, como empleo, políticas sociales o ayudas a las pymes.
El Ayuntamiento pagará así unas cien sentencias, la mayoría de ellas relacionadas con contrataciones de trabajadores en el Ayuntamiento en 2018, el año antes de las últimas elecciones municipales. «Sabíamos que partidas para cursos presenciales y que no se habían podido realizar por las restricciones del Covid, difícilmente se iban a poder contratarse y ejecutarse en el último trimestre del año. También las atenciones protocolarias de Servicios Sociales, que por el mismo motivo no se habían realizado, ya eran muy difícil que se realizaran», ha indicado el portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero.
El concejal socialista José Bernal ha añadido que también se sacarán fondos de ayudas a las pymes en un momento clave en la recuperación económica tras el Covid o de la ayuda de emergencia a la asociación Detente y Ayuda, de 180.000 euros.
PSOE y OSP han asegurado que el pago de las sentencias de debe a la mala gestión del equipo de Gobierno y advierten de las consecuencias a las que se puede enfrentar el Ayuntamiento.
«Las cuentas públicas no son sostenibles. Cuando gobernaba el PSOE quitamos del Ayuntamiento toda la deuda financiera que ahora mismo ya va por 70 millones de euros y subiendo”, ha indicado Bernal, que ha apuntado que, a pesar del endeudamiento de las cuentas municipales continúa la privatización de servicios municipales, como por ejemplo 6 millones de euros para el Paseo Marítimo.
El concejal de OSP, Manuel Osorio, exdelegado de Hacienda en el mandado anterior, ha indicado que «se trata de un nuevo ejemplo de la mala gestión económica del equipo de gobierno». «Todo es fruto de la improvisación. No apoyamos su mala gestión. Han gestionado este asunto de forma pésima», ha agregado.
El pago de los 4,4 millones de euros en sentencias judiciales relacionadas con las contrataciones de trabajadores se suma a la puesta en marcha de un plan de ajuste de diez años de duración en el Ayuntamiento a cambio de que el Gobierno central abone cerca de 40 millones de euros en otros fallos judiciales y cuyo impacto en los servicios municipales y el personal municipal aún está por concretar.
