La cesión del Ayuntamiento a un colectivo empresarial del local que iba a albergar la estación de autobuses de San Pedro ha desatado la polémica entre el equipo de Gobierno y OSP.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, asegura que el inmueble, ubicado en la avenida Luis Braille, permitirá a la Red de Emprendedoras de Marbella (REM) disponer de un espacio que albergue encuentros y facilite la colaboración institucional.
“La idea es que, a través de REM, podamos tener ese punto de encuentro entre ellas para crear nuevos proyectos”, señala la regidora sobre una cesión de la que, para tratar de minimizar sus consecuencias, sólo se ha informado a través de una nota de prensa y no mediante una comparecencia pública abierta a los medios de comunicación.
“Desde el equipo de Gobierno entendimos que esta asociación empresarial, que engloba a mujeres desde Málaga al Campo de Gibraltar y vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales podía darle utilidad a este espacio”, ha señalado la alcaldesa.
El concejal de OSP Manuel Osorio ha criticado que la regidora ceda a una asociación cuyo ámbito de trabajo abarca desde Málaga hasta el Campo de Gibraltar una sede que la formación sampedreña trató de darle un uso vinculado a actividades para jóvenes.
La formación sampedreña presupuestó en 2019, cuando aún gestionaban la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, cerca de 115.000 para habilitar un centro juvenil en un local ubicado junto al colegio Teresa de León y un parque de patinaje.
El edil ha advertido también de que REM, que cuenta con más de cien socias, “ha sido engañada” ya que la labor que desarrollan, según Osorio, no es compatible con el uso que tiene la parcela.
“Hay que apoyar a nuestros empresarios, pero sin hurtarle el espacio a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Es otra política nefasta más de Ángeles Muñoz para San Pedro Alcántara”, ha agregado Osorio, para quien la cesión del inmueble es “una jugada para rascar algunos votos”, pero en la que la regidora, señala, comete una ilegalidad porque el edificio, próximo a la autovía A-7, incumple la normativa de carreteras.
La sede se ubica en un local de 120 metros cuadrados de superficie que permanecía cerrado y en el que el Ayuntamiento preveía habilitar la estación de autobuses de San Pedro. Vecinos y colectivos se opusieron, ya que el local colinda con un colegio, por lo que el equipo de gobierno abandonó la idea y cerró el inmueble tras invertir en él una subvención de 300.000 euros.
