El concejal socialista José Bernal ha pedido al equipo de gobierno que “escuche” a los vecinos de Divina Pastora antes del inicio de las obras para construir un aparcamiento subterráneo en la calle Doha y que han causado polémica por la falta de transparencia del Ayuntamiento.
“El equipo de gobierno va a hacer un aparcamiento que ya no se parece en nada al proyecto inicial, lo va a hacer de forma unilateral, sin contar con los vecinos y sin trasladarse ni tan siquiera cuándo comenzarán las obras”, ha señalado el edil del PSOE.
Bernal ha señalado que las obras, -con un plazo de ejecución de 14 meses según el proyecto inicial- afectará a los comercios de la zona, tras los dos años de crisis provocada por el Covid y ha recordado que el equipo de gobierno llamó “subvencionados” a las pymes que piden ayudas municipales para afrontar la situación económica.
“El gobierno del PP ha decidido que no le va a echar una mano a los comerciantes ni les va a escuchar. El equipo de gobierno va a hacer lo que él quiera. Los vecinos y los comercios sólo quieren que, tras dos años de pandemia, puedan sacar sus negocios adelante. Y el Ayuntamiento, en lugar de apoyarlos, los ahoga y les insulta llamándoles “subvencionados”, ha lamentado.
Propietarios y vecinos del barrio del conjunto residencial de Los Arcos de San Enrique se concentraron el pasado viernes para expresar su temor ante las consecuencias que las obras tendrán sobre los edificios.
Las actuaciones, señalan los vecinos, supondrán realizar excavaciones de unos ocho metros de profundidad a unos cuatro metros de distancia de los portales y de los cimientos sobre las que se asientan los edificios.
“Hay un temor generalizado porque no tenemos absolutamente ninguna información sobre la obra. Nadie está en contra de la actuación, porque es una petición histórica de un barrio en el que apenas hay aparcamientos, pero se tiene que informar del alcance del proyecto”, señala el administrador de las fincas afectadas, Jorge Gil.
El Ayuntamiento anunció en agosto la licitación del proyecto, que contará con un presupuesto de 2,7 millones de euros que proceden de indemnizaciones de sentencias de causas judiciales por corrupción.
