La plataforma cívica-social Marbellera-Sampedreña ha solicitado a la Audiencia Nacional autorización para formar la acusación popular contra los presuntos crímenes iniciados contra el entorno familiar de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
El colectivo, fundado en las últimas semanas, confía en que la solicitud recaiga en un juzgado “serio y valiente” y que “el juez instructor no mantenga amistades íntimas ni intereses personales contra los denunciados”.
La Audiencia Nacional ha rechazado la personación del portavoz socialista José Bernal como acusación popular en la causa en la que afecta a la familia de la regidora; y señala que en el auto de procesamiento emitido en este caso «no se menciona» a ningún cargo y tampoco un destino irregular de fondos públicos o que el Ayuntamiento haya sido utilizado para un posible blanqueo de capitales.
“Durante las investigaciones, la Policía pudo oír como el hijastro de la Alcaldesa y el Policía Local procesado, mercadean sobre la venta de unos documentos secretos del Ayuntamiento, donde este Policía Local pedía al Jefe de la Banda Criminal más cash, o sea más dinero; ya que los “suyos” piensan que esos documentos secretos valen mucho”, señala el presidente de la plataforma, Antonio Martín.
Para el impulsor del colectivo, “de ser ciertas estas graves acusaciones, no existiría ninguna duda de que tanto la Alcaldesa como el Concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, formarían parte de esa presunta organización criminal”.
La plataforma surge después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya procesado a Lars Gunnar Broberg, marido de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo marihuana y hachís, hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia.
Para el juez instructor existen indicios que acreditarían que Lars Gunnar, de origen sueco y 79 años de edad, participó “activamente” en esta supuesta organización criminal. Fue detenido en febrero de 2021, pero quedó entonces en libertad provisional sin medidas cautelares y no tiene antecedentes penales en España.
Tras la investigación, el juez de la AN ha concluido “en grado de seria probabilidad” que esta organización habría traficado con droga para “obtener grandes y rápidos beneficios”, habría blanqueado dinero y lo habría ocultado en terceros países y “paraísos fiscales” a través de testaferros o utilizando “instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales”.
