El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente respecto a la concesión de la licencia de la discoteca Opium.
La querella, a la que ha tenido acceso el digital elDiario.es, que desvela la información, describe las supuestas irregularidades que habría cometido el recinto en el que se produjo un tiroteo a mediados de julio, mientras Froilán de Marichalar, nieto del rey emérito, celebraba su cumpleaños.
Además de contra la regidora, la querella se dirige contra Félix Romero y la propiedad de Opium. Se da la circunstancia de que la discoteca es una de las empresas que patrocina el coche con el que disputa sus carreras uno de los hijos de la regidora, el piloto Christian Broberg.
La querella se basa en las explicaciones de los vecinos de la urbanización El Real, ubicada a escasa distancia de Opium, según los cuales el recinto recibió en 2014 una licencia municipal para abrir como restaurante y con un aforo permitido de hasta ocho personas.
A las supuestas irregularidades que habría cometido Opium se suman las molestias que, desde hace años, sufren los residentes de las viviendas cercanas, como atascos de tráfico que se producen en la zona en los días en los que el establecimiento abre al público; las dificultades para aparcar; peleas; sonidos que exceden el límite de decibelios permitidos; o la contaminación lumínica que llega a las dependencias interiores de los inmuebles.
“Los vecinos continuamente y en especial en verano denuncian la actividad de Opium, sobre todo el ruido. Pero Industria, además de poner alguna multa simbólica, no hace ninguna actividad de inspección y permite que el local siga funcionando con molestias para los vecinos. La Policía Local ha acreditado que el limitador de sonido emitía 85 decibelios al aire libre, cuando el máximo son 45 en horario nocturno en zonas residenciales”, señaló el pasado verano Salvador Campos, uno de los vecinos de la zona.
Para Santiago Montero, otro vecino de las inmediaciones, el Consistorio ha pretendido “enmascarar” la actividad de la discoteca del local tras diferentes denuncias de los residentes con una licencia para gestionar un auditorio otorgada por el Ayuntamiento hace unas dos semanas.
“No hay un auditorio como tal. Lo que hay es una discoteca. Y, además, lo han autorizado para 2.500 personas. Si antes había problemas de tráfico, ahora se van a multiplicar”, apuntó Montero, que, desde 2019, ha presentado 70 denuncias por lo que entiende que son excesos de Opium.
Un juez conocido
La querella la instruye Gonzalo Dívar, un juez que, con anterioridad, ha llevado tres denuncias vinculadas con la gestión pública de Muñoz, que, debido a su condición de senadora, además está aforada. Las tres fueron archivadas por el magistrado.
Las tres denuncias archivadas fueron la que afectó al deslinde entre Marbella y Benahavís que impulsó el Gobierno local en una zona entre ambos municipios en la que el entorno familiar de la alcaldesa tiene intereses; el caso PGOU, sobre una supuesta alteración en el acta de la sesión plenaria de 2009 en la que el Ayuntamiento aprobó de forma provisional el planeamiento urbanístico, archivado además con la oposición de Fiscalía; y la investigación sobre los cerca de diez contrataciones de alta dirección en el Ayuntamiento de cargos del PP entre 2007 y 2015. Dívar archivó esta última denuncia también con el parecer adverso del Ministerio Público, que encontró en la gestión de Muñoz indicios de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
Tiroteo
El establecimiento adquirió notoriedad el pasado verano tras un intercambio de tiros que se produjo durante una de sus actuaciones veraniegas.
El tiroteo se saldó con cinco personas heridas. De los heridos, cuatro personas estaban heridas de bala, una de ellas en estado grave; mientras que otro, el presunto autor de los disparos, presentó heridas de arma blanca en tórax y cabeza.
La primera de las llamadas recibidas por el 112 se produjo a las 01,10 horas y el alertante advertía de que se habían escuchado disparos y que había salido gente corriendo de una discoteca situada en el kilómetro 184 de la carretera A-7.
De esta manera, el 112 dio aviso a la Policía Nacional, que se está encargando de la investigación; Policía Local y los servicios sanitarios, que certificaron el traslado de cinco personas al Hospital Costa del Sol.
