El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y diputado por Bizkaia, Patxi López, ha señalado este viernes que la Ley de Vivienda es un “paso de gigante” para empezar a “resolver lo que, para algunos, era la asignatura pendiente de la democracia” en España.
López ha indicado en una rueda de prensa ofrecida en Marbella (Málaga) que, de esta manera, “por fin vamos a tener la primera Ley de Vivienda de la historia democrática para el conjunto de España”.
“Con ella, la vivienda es de verdad un derecho. Aseguramos la función social de la vivienda y construimos el quinto pilar del estado del Bienestar, tras la sanidad pública, la educación pública, el sistema público de pensiones y la atención a la dependencia y las políticas sociales”, ha indicado.
López ha subrayado que, según él, se trata de “una gran noticia, una de las más importantes para muchos ciudadanos a los que el mercado había discriminado y para los que el poder tener una vivienda, en propiedad o alquiler, se había convertido en poco menos que un imposible”. “Los beneficiarios más inmediatos de esta ley y de lo que supone la ley serán las familias con bajos ingresos, los jóvenes, las mujeres y las personas de mayor edad”, ha apuntado.
Ha explicado que se trata de una “ley global que actúa sobre todos los elementos que inciden en las políticas de vivienda”. “Lo que se pretende es incrementar el parque de vivienda social, se impide su enajenación, se potencia todavía más la rehabilitación y se impulsa el alquiler de viviendas y la oferta de viviendas asequibles”, ha agregado, al tiempo que ha señalado que “es una ley de consenso porque incluye aportaciones de todas las fuerzas políticas que han querido resolver uno de los mayores problemas que tiene la sociedad hoy en día”. En este punto ha indicado que “se habían presentado más de 800 enmiendas y se han transaccionado más de 400 de ellas en los artículos de la ley”.
Ha explicado que la ley permitirá crear un “verdadero parque público de vivienda porque se va a considerar patrimonio sujeto a protección permanente, no se podrá vender ese parque de viviendas públicas”.
“Se impulsará la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, y lo hará estableciendo un porcentaje mínimo del 50 por ciento de viviendas protegidas en alquiler para cualquier vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. Se aumentará del 30 al 40 por ciento la reserva para vivienda protegida en nuevas urbanizaciones y se aumentará del 10 al 20 por ciento en actuaciones de reforma o de renovación urbana de urbanizaciones”, ha explicado.
Propietarios y grandes tenedores
Para incrementar la oferta en alquiler asequible, la ley establece como prioridad, ha agregado López, crear el fondo de vivienda asequible posibilitando la construcción de viviendas en alquiler en suelo dotacionales y permitiendo incrementar la edificabilidad delo inmueble y los cambios de uso para favorecer la creación del parque de viviendas en alquiler.
“La ley permite también intervenir a las administraciones competentes en el mercado en situaciones de oferta insuficiente porque no puede ser que el acceso en la vivienda ahonde la pobreza de las personas más vulnerables y declarar zonas de mercado residencial tensionado bajo dos requisitos, que el esfuerzo para el pago de la hipoteca o la renta supere el 30 por ciento de los ingresos medios o que los precios del alquiler o de la compra acumulen en los tres años anteriores crecimientos superiores a dos puntos por encima de la comunidad correspondiente”, ha apuntado.
La ley, entre otros aspectos, diferencia también particulares y grandes tenedores, siendo estos últimos los titulares de más de diez inmuebles o, en algunos casos, de más de cinco.
López ha señalado que la vivienda ha sido “uno de los ejes fundamentales de las políticas” del Gobierno central en el transcurso de la legislatura, al tiempo que ha recordado que “se empezó con un plan de vivienda para el alquiler accesible con la construcción y puesta a disposición de 100.000 inmuebles para ello; un plan estatal 2022-2025 con un avanzado sistema de protección social y de impulso de la vivienda social en alquiler; o con el impulso de un ambicioso sistema de rehabilitación y regeneración urbana para más de 500.000 viviendas con cargo a los fondos europeos”.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda tras una larga negociación, según han indicado estas dos formaciones que comparecerán hoy en la Cámara Baja.
Según confirmaron a Europa press fuentes parlamentarias, el acuerdo implica entre otras cosas limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.
Se trata de una de las normativas clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que han logrado acercar posturas con estas fuerzas del bloque de investidura en las últimas fechas, con un anuncio de pacto que llega en vísperas de las elecciones del 28M.
La normativa fue uno de los compromisos que alcanzaron los dos socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero motivó también una intensa negociación donde PSOE y Unidas Podemos tuvieron que limar diferencias hasta que se aprobó en el Consejo de Ministros.
