El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, ha acudido a los juzgados para declarar como imputado por el llamado caso «Opium». La declaración de edil ha durado algo más de media hora y solo ha contestado a las preguntas que le ha hecho el magistrado, ya que el ministerio Fiscal no ha estado presente, y el concejal manifestó su intención de no contestar al abogado de la acusación.
“Tengo derecho, como todos los ciudadanos, a responder a las preguntas que estime oportunas y yo le he dicho con carácter previo al señor magistrado, que en ejercicio de mi derecho constitucional, pues no iba a responder a ninguna pregunta que me hiciese la acusación particular”
El juez Gonzalo Dívar trata de determinar las responsabilidades a raíz de una querella por los presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones, Romero es el segundo querellado en declarar, anteriormente el juez tomo declaración al administrador del establecimiento el pasado 2 de junio.
El abogado de los vecinos, Salvador Campos, ha manifestado que “es la segunda declaración que se realiza en el juzgado, la primera fue del responsable de la empresa. Y es que el Ministerio fiscal no ha asistido al interrogatorio, ni hoy, ni anteriormente, en ninguna de las dos declaraciones que se han realizado ha asistido el fiscal.”
Romero ha declarado que todas las resoluciones del Ayuntamiento han sido basadas en informes técnicos, y que por eso se revoco la licencia en noviembre de 2022, “Opium tiene que realizar como cualquier establecimiento los trámites administrativos para obtener sus autorizaciones, y si este verano no tenían sus autorizaciones, pues no han tenido permiso para abrir, si las tuviesen, pues obviamente habrían abierto.”
Los vecinos tras denunciar durante años las molestias causadas por este club de playa, en octubre de 2021 presentaron una querella que no fue admitida a trámite hasta marzo de 2023.
Campos aclara que, “a día de hoy, las instalaciones que se denunciaron, y que se denunciaron porque precisamente incumplían las licencias de apertura que tenían concedidas, y debemos recordar que hasta el año 2022 este establecimiento solamente tenía una licencia de un restaurante para 8 personas, y que además de ello, provocaba una serie de molestias muy importantes a los vecinos. El hecho es que, una vez que el procedimiento penal se ha puesto en marcha, unido a las múltiples denuncias que han presentado los vecinos, el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de revocar la licencia de apertura.”
El abogado querellante ha mostrado su sorpresa por la decisión del juez de no citar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «No tenemos constancia siquiera de que le haya dado traslado de la querella»,
Desde la acusación también se ha pedido la declaración como investigados de técnicos municipales que participaron en la concesión de las licencias o «que deberían haber vigilado el cumplimiento de la norma».
