El Tribunal Supremo ha resuelto a favor del Ayuntamiento de Marbella en una larga batalla legal contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre el fraccionamiento del pago de la deuda heredada en la recuperación de fondos obtenidos en causas judiciales por corrupción. La decisión del Supremo, que estima el recurso de casación presentado por el Consistorio, marca un hito significativo en la lucha por la restitución de fondos públicos a la ciudad.
La concejala de la Asesoría Jurídica, Francisca Caracuel, ha expresado la satisfacción del Ejecutivo municipal tras esta resolución. Caracuel destacó que la voluntad del Ayuntamiento siempre ha sido la de recuperar la mayor cantidad posible de fondos desviados de las arcas municipales durante años de corrupción, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos mediante la inversión en servicios públicos locales.
La disputa se remonta a 2018, cuando el Ayuntamiento de Marbella recibió un cheque por valor de 12 millones de euros. En ese momento, se alcanzó un acuerdo plenario unánime para destinar ese importe a servicios públicos municipales. Sin embargo, la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social no compartieron esta decisión, argumentando que el dinero debía destinarse a amortizar la deuda del Consistorio con ambas instituciones.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 permitió al Ayuntamiento hacer frente a la deuda mediante un pago fraccionado a 40 años con un interés del 1%. Esta normativa fue modificada en 2018 para permitir el uso de los fondos recuperados en casos de corrupción municipal en proyectos de interés general para la ciudad.
Caracuel resaltó la importancia de la sentencia del Supremo, que reconoce que la AEAT no tiene competencia para poner fin al fraccionamiento del pago de la deuda, según dictaminó el tribunal. La concejala también señaló que el Ayuntamiento continúa activamente en el Tribunal de Cuentas para recuperar más bienes municipales.
Además, Caracuel anunció que, según los presupuestos de 2024, se espera que el Ayuntamiento reciba unos 10 millones de euros adicionales, de los 40 millones pendientes de cobro, que se han aplazado por cuatro años.
