La reciente resolución del Tribunal Europeo debería terminar con el abuso de la temporalidad frecuente en la Administración Pública española, incluida el Ayuntamiento, donde más de la mitad de la plantilla, unas 1.800 personas, se encuentra en situación de temporalidad. Ahora, según el abogado, Javier Arauz, impulsor de la acción ante las autoridades continentales, “todas las autoridades administrativas tienen la obligación de aplicar la norma”.
El letrado ofreció una charla, principalmente para trabajadores públicos en esta situación, en el palacio de Ferias y Congresos, auspiciada por el sindicato SEPMA. En su alocución destacó que “la sentencia es importantísima porque acaba con todas las excusas que estábamos oponiendo en este país. Nos dice que la crisis económica no puede ser un motivo para abusar de la temporalidad y que esos empleos interinos que están sujetos a procesos selectivos que nunca se convocan, están también vinculados por la directiva en un régimen de precariedad contrario a la normativa europea”.
De esta forma, para el jurista ha quedado claro que “el abuso existe y hay que buscar una solución y la única viable es una estabilización de este personal. Son empleados públicos que han desarrollado sus funciones correctamente, han superado un proceso selectivo y lo que se merecen es el reconocimiento de un derecho por el que venimos luchando desde la instauración de la democracia, que es la estabilización del empleo, que se aplica en el sector privado y debe aplicarse también en el empleo público”.
Ayuntamiento
En el caso del Ayuntamiento de Marbella, Arauz no ve diferencias, en el sentido de que “esta sentencia se aplica en toda Europa”, con lo cual, “todas las autoridades administrativas tienen la obligación de aplicar la norma. No solo las judiciales. Si un estado miembro pudiera ampararse en que su legislación no establece esta posibilidad, nunca aplicaríamos el Derecho de la Unión en las partes que no nos gustaran. Aunque la Ley no prevea la posibilidad de estabilizar al personal, la autoridad administrativa sí tiene la obligación de hacerlo. De no hacerlo, estaría incumpliendo la normativa comunitaria”, ha recalcado.
Lo que le cuesta entender al abogado es que España quiera cambiar la situación de forma progresiva, en plazos, cuando “llevamos 21 años incumpliendo una normativa comunitaria. Hay que hacerlo ya. La precariedad en el empleo -dice- es un mal. Quien tiene un empleo temporal no puede pedir una hipoteca o no puede proyectar su vida porque no sabe donde va a estar. Además, provoca otro efecto perverso, la amenaza, la coacción…, mantienen a los empleados administrativos en un régimen de despido libre y gratuito y los vuelve más dóciles que los funcionarios de carrera. Ya está bien de que se aprovechen de eso. A partir de ahora, hay que cerrar página, hacer las cosas bien. Lo primero, estabilizar a este personal y, lo segundo, convocar oposiciones para que el resto de los ciudadanos puedan acceder al empleo público”.
